La facilidad con la que muchos políticos, asesores y altos cargos han despilfarrado dinero público está saliendo a la luz ahora que la crisis ha obligado a adelgazar nóminas, reducir presupuestos y vigilar concesiones. Muchas de esas historias han permanecido ocultas hasta hoy que se están conociendo verdaderos dispendios difíciles de justificar como el de Miguel Soler.
Un asesor que firmó su contrato el pasado 27 de junio al servicio del Partido socialista de Valencia (PSPV). Para dar fe, su incorporación fue tramitada por el presidente de Les Corts, Juan Cotino, quien nombró a Soler secretario del vicepresidente segundo de la Mesa de la Cámara valenciana, Ángel Luna.
Todo ello en el mismo lugar desde el que se acusa a las familias más necesitadas de gastarse las ayudas en teles de plasma.
Hasta aquí bien, ¿verdad? Cargos de este tipo son de libre designación por mucho que se esté comprobando día tras día que sirven para enchufar a amigos y familiares. Sin embargo lo de Miguel Soler es un escándalo ya que, a pesar de haberse cumplido ya cinco meses desde su nombramiento a razón de 2.500 euros brutos mensuales más dos pagas, Soler no ha fichado ni un solo día en su puesto en Les Corts Valencianes.
Sí que acudió un día, en julio, pero lo hizo de visita ocupando la mesa presidencial de un acto que protagonizó Alfredo Pérez Rubalcaba en Valencia. En total, 12.500 euros directamente a su bolsillo por no hacer nada. Más que un sueldo Nescafé.
En total, se calcula que todos los asesores de España cuestan a los ciudadanos 850 millones de euros.
Según relata el diario Las Provincias, la llegada del nuevo personal de confianza a Les Corts se produjo después de la victoria de Ximo Puig en el congreso socialista de Alicante tras derrotar al anterior secretario general del partido, Jorge Alarte.
Aquel triunfo se basó, según cuentan los medios locales, en una serie de promesas que Puig se ha visto obligado a cumplir pese a que «la caja fuerte está vacía«. Las apreturas económicas de los socialistas valencianos son el principal quebradero de cabeza de la actual dirección, pero está claro dónde no ven a meter la tijera.
UPyD sigue siendo la nota discordante en muchos de los debates económicos a nivel local. La formación magenta ha solicitado en diferentes parlamentos autonómicos la bajada de sueldo de alcaldes y concejales para que no cobren más que un cargo autonómico o estatal. Pero la respuesta en casi todos esos foros está siendo la misma: nula.
Eso sucedió hace pocas fechas en la Asamblea de Madrid, donde el diputado y portavoz adjunto de la formación magenta, Ramón Marcos, denunció el desequilibrio existente. Así, poniendo como ejemplo el sueldo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy -78.185 euros-, enumera los emolumentos de los alcaldes de Barcelona -110.000 euros-, Madrid -101.987 euros-, Zaragoza -92.000 euros-, Alcobendas -97.000 euros– o Las rozas -86.894 euros-. Sueldos que en su mayor parte han crecido en los últimos años un 30%, coincidiendo con los primeros recortes del Gobierno socialista y la congelación de la retribución de los funcionarios.
Sin embargo, ni PSOE, ni PP, ni IU han querido apoyar la propuesta de rebajarse el sueldo tachando a la formación de Rosa Díez de «populista y demagoga». En ese sentido, David Pérez, diputado regional del PP en Madrid, alcalde de Alcorcón, y presidente de la Federación Madrileña de Municipios, censuró la propuesta de UPyD al denunciar el doble rasero existente, ya que los concejales del partido magenta en Alcalá de Henares ganan más que muchos alcaldes de localidades más grandes de Madrid.
Los miembros de UPyD no comparten esa excusa, que en parte es cierta. Sí que es verdad que cobran sueldos superiores a alcaldes de otros municipios, como es el caso de Alcorcón, pero recuerdan que lo hacen porque, según señalan, PP, PSOE e IU han bloqueado con sus votos la posibilidad de debatir una moción que regule una bajada de salarios.
Tanto es así que todos ellos, al igual que los diputados nacionales de la formación, donan hasta un 20% de sus sueldos a ONGS ante la imposibilidad de conseguir bajarse los emolumentos.
La polémica cobra especial relevancia estos días en los que ha entrado en vigor la ley de incompatibilidad de sueldos decretada por el Gobierno el 13 de julio. Una medida que prohíbe cobrar la indemnización por dejar de ocupar un alto cargo a los políticos que tengan otros ingresos, pero que nada dice de los que cuentan con dos o más sueldos del erario. Y ese es el caso de una decena de alcaldes —como el de Zaragoza- que cobran su sueldo como alcalde y otro como senador.
Los partidos cobran 16 millones de euros de dinero público cada tres meses
Las estrecheces no obligarán a cuadrar demasiadas cuentas en los partidos políticos. Pese a haber sufrido una ligera reducción con respecto de los años anteriores, las formaciones políticas acaban de cobrar más de 16 millones de euros en el último trimestre. Así lo publicó la pasada semana el BOE en el apartado de las subvenciones que reciben los partidos con representación en el Congreso de los Diputados. La finalidad de esta subvención es atender a los gastos de funcionamiento ordinario de cada partido. Pero no a la seguridad. Que para eso ya hay otra partida millonaria.
Haciendo un cálculo rápido, los diputados que tan pocas alegrías han dado a la ciudadanía entre abril y junio han costado por cabeza la friolera de 45. 000 euros.
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Por siglas, el partido político que recibe la mayor cantidad es el Partido Popular, que para su «funcionamiento ordinario» recibió 7,6 millones de euros (en este segundo trimestre), a los que se suman otros 214.489,05 euros para el Partido Aragonés. En total, la formación de Mariano Rajoy, se ha beneficiado estos tres meses de cerca de 8 millones de euros.
Tras el partido del Gobierno se sitúa el PSOE, que ha obtenido 4,3 millones de euros — por sus 96 diputados- a los que hay que sumar los 655.734 euros ingresados al PSC.
Ni que decir tiene que una cantidad exactamente igual es la que se embolsaron de enero a marzo. Así que vayan sumando.
Para calmar los ánimos el Gobierno ha señalado que las subvenciones en 2012 se han reducido un 20%. Pero eso no es del todo cierto. Esa reducción solamente afecta a una parte de las subvenciones. Además, olvidan que en los últimos cinco años esas ayudas han subido anualmente por encima del IPC. Así la ‘fiesta’ estaba garantizada. Pero por si acaso ese recorte les afecta en demasía, la Ley no pone límite a las subvenciones que recibirán por la representación autonómica y local, que suponen más de 130 millones de euros anualmente.
En plena vorágine de recortes, los políticos están siendo, por norma general, los últimos en dar ejemplo. Uno de los últimos escándalos salpica a Ignacio Prendes. El único diputado de UPyD en el Gobierno de Asturias tiene seis asesores para él solito. Prendes se justifica en que al estar él solo necesita ayuda para participar en todas las comisiones, pero sus compañeros de Parlamento autonómico le han pedido que, por lo menos, reduzca a cuatro el número de ayudantes (nombrados a dedo, eso sí).
El alcalde de Tres Cantos se sube el sueldo y cobrará más que un ministro
El alcalde de Tres Cantos ha logrado una hazaña de récord. En menos de un año ha conseguido enfrentarse a la mayoría de vecinos por su última y polémica medida: subirse el sueldo. Pero no una subida para redondear, o un incentivo por dietas, no… Una subida en toda regla que le hace estar mejor pagado que un ministro.
El salario anual de Jesús Moreno se situará en 71.000 euros. Para que se hagan una idea, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría gana solo 2.000 euros más, mientras que un ministro percibe una cantidad anual de 68.981 euros.
La razón del incremento, según han explicado fuentes municipales, es una «anomalía histórica» según la cual los concejales de Tres Cantos tenían unas retribuciones «muy por debajo de la media en relación con la responsabilidad del cargo y la dimensión» de la ciudad (41.065 habitantes). Un portavoz ha asegurado que lo que se ha hecho es igualar las nóminas con las que perciben los concejales del vecino Colmenar Viejo, municipio del que Tres Cantos se escindió el 21 de marzo de 1991.
Esta reclamación ya vivió un episodio similar en 2008 cuando el entonces alcalde, José Folgado, intentó subirse el sueldo, pero la presión social le llevó a bajárselo. En esta ocasión, la presión no les ha importado mucho. Ni siquiera las 4.000 firmas recogidas en su contra. Según el Ayuntamiento, la subida no supone «ningún coste» a los ciudadanos, ya que la política de «austeridad» del PP ha hecho que el Consistorio se ahorre, incluso, 30.000 euros al año. Las cuentas, insisten, tienen un superávit de 118.000 euros y el alcalde no tiene coche oficial. Aunque hay informaciones contradictorias.
Sin embargo, el Consistorio obvia las razones del superávit. El IBI ha subido un 12% este año y las tasas y precios públicos de los centros deportivos y culturales se han incrementado este año entre un 10 y un 30% de media.
Para maquillar el asunto un poco, Moreno ha decidido quedarse las competencias de Urbanismo, que lleva dirigiendo como concejal desde 2007. Una cartera controvertida tras los centenares de casos de corrupción conocidos en los últimos años en los ayuntamientos españoles.
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